DESALOJO

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil destacó que resulta ajeno la órbita del desalojo todo lo que conlleva a dirimir la propiedad o la posesión, toda vez que para el reconocimiento de tales derechos hay vías procesales típicas destinadas a satisfacer reclamaciones reivindicatorias o posesorias.

En la causa “Vázquez María Josefa c/ Charra Beatriz Alicia y otro s/ Desalojo por vencimiento de contrato”,  la parte actora presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia alegando que resultaba nula porque en forma absolutamente irregular reconoce un derecho real como es el de posesión, sin prueba alguna y sin sentencia que así lo determine, por sobre su derecho de propiedad y variando el objeto del proceso de desalojo iniciado contra la ocupante de un local. Refiere las mínimas constancias existentes sobre el pago del ABL del inmueble, que no cumple con la prescripción veinteñal y desconoce la simple tenencia que la demandada ostenta.

Cabe señalar que en el presente caso, la actora ha fundado su pretensión en la causal de vencimiento de contrato de comodato suscripto en el año 2000.

Por su parte, la accionada  ha demostrado haber tenido registrado como su domicilio el inmueble en cuestión desde muchos años antes al señalado por la actora.

En este marco, los magistrados de la Sala B determinaron que “el contrato invocado no ha sido acreditado por el actor, sobre quien pesaba la carga de demostrarlo (art. 377 del CPCCN)”.

Por otro lado, los camaristas remarcaron en lo referido al agravio conforme el cual se habría reconocido la posesión por parte de la accionada, que “quien demanda como propietario y lo acredita (como sucede en autos con el actor) permite al ocupante enervar la pretensión demostrando, con seriedad, su calidad de poseedor de la finca”.

En tal sentido, los magistrados recordaron que “conforme doctrina plenaria in re “Monti Atilio s/suc. c/Palacios de Buzzoni Danila” (CNPaz, LL 101-932), no basta que el demandado invoque la condición de poseedor para que el desalojo no prospere, de modo tal que sólo si se aportan elementos que “prima facie” acrediten la verosimilitud de su alegación el desalojo no procede, debiendo la cuestión ventilarse mediante el ejercicio de las acciones posesorias”.

Al pronunciarse de este modo, los Dres. Claudio Ramos Feijoó y Omar Luis Díaz Solimine juzgaron que “la pretensión de desalojo se da contra el locatario, el sublocatario, el tenedor precario, el intruso y todo ocupante cuyo deber de restituir sea exigible, vale decir contra tenedores que reconocen en otro la titularidad del dominio (arts. 2260 y sig. del C.Civil), pero no contra quien posee “animus domini” (arts. 2513 del mismo cuerpo legal)”, añadiendo a ello, que “se ha hecho referencia a la seriedad de la defensa posesoria, ya que no es el proceso de desalojo el marco apto para evaluar si tal derecho existe”.

Tras señalar que el objeto del desalojo “se puede circunscribir a la desocupación de un bien inmueble, en favor de quien alegue un derecho sobre él, contra quien lo retenga”, el tribunal concluyó que “quedan excluidas de su ámbito todas las otras cuestiones directa o indirectamente vinculadas al desahucio que excedan el conflicto meramente atinente a la tenencia de la cosa, siendo por ende, ajeno a su órbita lo que conlleva a dirimir la propiedad o la posesión, toda vez que para el reconocimiento de tales derechos hay vías procesales típicas destinadas a satisfacer reclamaciones reivindicatorias o posesorias”.

En base a lo expuesto, y luego de ponderar la falta de sustento del relato de la actora respecto de la causal por ella invocada, sumada la demostración de que la accionada ha estado vinculada al inmueble por más de 20 años, la mencionada Sala resolvió en la sentencia del 9 de marzo pasado, confirmar la resolución recurrida.

DEUDORES - JUICIO EJECUTIVO

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial sostuvo que el abuso de firma en blanco opuesto como excepción, escapa al reducido marco cognoscitivo del proceso ejecutivo ya que, en tanto guarda estrecha relación con la causa de la obligación, su investigación está vedada en el juicio ejecutivo.

En el marco de la causa “Asociación Cultural Italiana Cristóforo Colombo c/ Franchini Pedro Angel s/ ejecutivo”, la parte demandada apeló la sentencia de grado que rechazó la excepción de pago parcial y mandó llevar adelante la ejecución en su contra hasta hacer al acreedor íntegro pago del capital reclamado, con más sus respectivos intereses y las costas del juicio.

En su apelación, el recurrente alegó que el juez de grado no había ponderado adecuadamente que de los recibos acompañados resulta que éstos fueron extendidos a cuenta de la deuda mantenida con la ejecutante.

En tal sentido, el apelante sostuvo que la acreencia reclamada se originó en servicios educativos no abonados y que su hijo egresó del colegio en diciembre de 2013, por lo que resultaría evidente que la deuda corresponde al ciclo lectivo 2012 y parte del 2013, de tal suerte que la fecha de los pagarés habría sido inserta unilateralmente por la actora.

Los magistrados de la Sala A señalaron en primer lugar que “la defensa que es materia de tratamiento se encuentra prevista en el 544, inc. 6°, CPCC y se configura cuando los pagos vinculados a la obligación fueron realizados en forma documentada, emanados del acreedor o de su legítimo representante, en los que conste una clara e inequívoca imputación a la deuda que se ejecuta, de modo que la documentación resulte autosuficiente para acreditar dicha defensa, y sin que sean necesarias otras investigaciones”.

Con relación al presente caso, los camaristas precisaron que “los documentos en cuestión son de fecha anterior a las fechas de libramiento de los pagarés objeto de esta ejecución y que en ellos tampoco se hace imputación concreta a las obligaciones cambiarias de autos”.

Al entender que “los instrumentos con los cuales pretendió el demandado fundar su excepción no cumplen con los requisitos necesarios para tener por acreditado el pago parcial de la deuda reclamada en este juicio”, el tribunal remarcó que no existe en esas piezas referencia alguna a los pagarés aquí ejecutados.

Por otro lado, los Dres. Alfredo A. Kolliker Frers, Isabel Míguez y María Elsa Uzal aclararon que “la discusión que se propugna, relativa a la cancelación parcial de los aranceles correspondientes a los ciclos lectivos 2012 y 2013 excede el campo acotado del proceso ejecutivo, y estaría en contra de los principios de abstracción, literalidad y autonomía propios de los títulos en ejecución”.

En el fallo dictado el 11 de noviembre de 2014, la mencionada Sala puntualizó que “la literalidad, común a todos los títulos circulatorios, conlleva a que el contenido, extensión, modalidades de ejecución y todo otro posible elemento principal o accesorio del derecho cartular sean únicamente los que resultan de los términos en que están concebidos los instrumentos”, por lo que “tales elementos extracartulares únicamente valdrían cuando se hace mención de ellos en el título y en los términos de dicha mención”.

En relación a lo afirmado por el recurrente, relativo a que las fecha de los pagarés fueron insertas unilateralmente por la actora, pues en ese momento ya no existía obligación exigible correspondiente al ciclo lectivo 2014 en tanto su hijo ya había finalizado la escuela secundaria, los magistrados ratificaron que “el abuso de firma en blanco opuesto como excepción, escapa al reducido marco cognoscitivo del proceso ejecutivo ya que, en tanto guarda estrecha relación con la causa de la obligación, su investigación está vedada en el presente”.

Al pronunciarse de este modo, los camaristas recordaron que “del texto del Decreto Ley 5965/63 no resulta la exigencia de que la totalidad del texto de un título de ésta clase sea de puño y letra del librador, sólo exige la firma de éste (arts. 11 y 103 del Decr. Ley cit.)”, a raíz de lo cual “ese cuerpo legal admite la posibilidad de la emisión de un título incompleto al tiempo de su creación”.

Por último, al rechazar el recurso de apelación presentado, la nombrada Sala concluyó que “reiterados fallos del fuero han resuelto la improcedencia de admitir como fundamento de la excepción opuesta un supuesto de abuso de firma como el que se sostiene, en tanto quien reconoce que emitió un documento en estas condiciones, aduce la falsedad ideológica, planteo inadmisible en un proceso del tipo que nos ocupa”.

DESPIDO ABANDONO DE TRABAJO

Tras ponderar que la nota característica del abandono de trabajo es en principio y generalmente el silencio del dependiente, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aclaró que cuando el trabajador invoca una circunstancia eximente de la obligación de prestar servicios, ello interrumpe el iter del abandono, en cuanto excluye su intención de abandonar la relación.

En los autos caratulados “Mierez, Karen Yanina c/ Reinoso, Oscar Alberto y otro  s/ despido”, los demandados apelaron la sentencia de primera instancia que juzgó improcedente el despido fundado en el artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El magistrado de grado sostuvo que la actora intimó a los demandados por correcta registración, notificándolos de su estado de embarazo y poniendo en conocimiento que se encontraba gozando de licencia por maternidad. Por ello, la disolución del vínculo laboral dispuesta en los términos del artículo 244 no fue ajustada a derecho.

Luego de precisar que “la nota característica del abandono de trabajo es en principio y generalmente el silencio del dependiente”, los jueces de la Sala VIII explicaron que “ese supuesto especial de injuria requiere para su configuración: a) la inejecución por el trabajador, sin aviso, de la prestación laboral; b) la intimación de reintegro, dentro de un plazo razonable según las circunstancias y c) la persistencia del trabajador en su conducta omisiva, durante el plazo fijado -se entiende: ni presentación en el establecimiento, ni comunicación explicativa de sus ausencias”.

Al ratificar lo decidido en primera instancia, los camaristas destacaron que “cuando el trabajador invoca una circunstancia eximente de la obligación de prestar servicios (como en el caso, quedó demostrada), ello interrumpe el iter del abandono, en cuanto excluye su intención de abandonar la relación”.

Los magistrados sostuvieron que “la omisión de presentarse a trabajar, pudo ser invocada por la empleadora como fundamento del ejercicio del poder disciplinario (artículo 67 L.C.T.) o de acuerdo a las circunstancias del caso como justa causa de despido (artículo 242 L.C.T.)”, pero “no como perfeccionamiento del abandono de trabajo”.

En el fallo del 6 de febrero del corriente año,  los Dres. Luis Alberto Catardo y Víctor Arturo Pesino concluyeron que “si deseaba despedir por esa causa, era menester poner a la trabajadora nuevamente en mora, ya que la resultante de las inasistencias y la intimación anterior había sido purgada por el aviso de la actora notificando las circunstancias en las que se encontraba, estado que suspende la exigibilidad de la prestación laboral”.

DOLARES - INMOBILIARIAS

La Subsecretaría de Comercio Interior le había aplicado una multa de 70.000 pesos a una empresa que decidió difundir el precio de los inmuebles en la moneda extranjera.

El organismo que dirigía en ese entonces Guillermo Moreno alegó que el aviso no indicaba el precio de contado en efectivo en la moneda de curso legal y forzoso del país.

Cabe señalar que la multa se basó en el artículo 2 de la Resolución 7/02 de la Ex Secretaría de la Competencia del Consumidor, que establece que los oferentes de bienes muebles o servicios a consumidores finales deben indicar el precio en la moneda de curso legal de la nación.

Ante esta situación, la inmobiliaria decidió presentarse en la justicia a través de un recurso de apelación en el que remarcaba que la publicación en dólares es una conducta tradicional de su mercado.

La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal decidió revocar la decisión de la Subsecretaría entendiendo que en el caso en cuestión no se produjo una violación de las resoluciones de Lealtad Comercial.

Los jueces manifestaron que el precio expresado en dólares correspondía a un bien inmueble y que era el verdadero y que no se pudo comprobar ningún engaño en la oferta realizada.

Por ende, la publicidad en dólares del inmueble es válida, según lo determinado por la justicia, mientras no induzca a error o engaño a los potenciales compradores.

DESPIDO - FALLO

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió que para que el despido directo sea procedente es menester que entre el hecho injurioso y la máxima sanción medie un nexo causal a través de una relación lógica en el tiempo entre ambos.

En la causa “Vergara Diego Martín c/ HSBC Bank Argentina S.A. s/ despido”, la sentencia de primera instancia si bien consideró probada la conducta descripta por la demandada en la comunicación resolutoria del contrato, entendió que fue extemporánea la decisión extintiva dado que entre la conducta imputada y el despido dejó transcurrir un tiempo de un mes que no se condice con la gravedad de la injuria invocada.

Cabe señalar que en el presente caso, medió un vínculo laboral que perduró desde el día 21 de febrero de 2000 hasta el 24 de septiembre de 2009 en que la demandada decidió disolver el contrato al aducir como causal que el actor realizó 7 transacciones de Banca TP sin la autorización del cliente, mientras que estas transacciones violan claramente el Acuerdo de Transaccionalidad, pues sin contactarse con el cliente, requerir su autorización y comunicar el número de comprobante, llevó adelante la operación.

Según sostuvo la demandada, estas operaciones tenían por objeto cobrar cuotas por préstamos a tarjetas en mora y generaban comisiones a su favor, por lo que realizó las transferencias entre cuentas del mismo cliente, derivó fondos de una cuenta que no lo tenía a otra que tenía débito automático, posibilitando cobrar las cuotas en mora.

La demandada apeló el pronunciamiento de primera instancia alegando que llevó a cabo una investigación previa al despido pues se trató de un empleado con mucha antigüedad y de buen concepto laboral y por ende era necesaria a fin de evitar un obrar apresurado.

Por otro lado, la recurrente sostuvo que acreditó la autenticidad del correo electrónico por medio del cual el actor reconoció los hechos que se le endilgaron y que data del día 15 de septiembre de 2009 por lo que la parte entiende que no hubo demora en la decisión rescisoria.

Los magistrados que componen la Sala X coincidieron con lo resuelto por el juez de grado, debido a que “la propia litigante admite que al menos quince días antes del despido el actor reconoció la conducta atribuida por lo que de haber sido "grave" o injuriosa no hubiera consentido la prosecución del vínculo laboral y no obstante ello dejó transcurrir esas dos semanas para decidir la ruptura del contrato”, agregando que “es la propia parte la que reconoce que se trató de un trabajador con mucha antigüedad y buen desempeño laboral”.

Los camaristas entendieron que en el presente caso “se aprecia la ausencia de uno de los recaudos primordiales que conforman la "injuria" o "justa causa" del despido”, consistente en “la contemporaneidad que la jurisprudencia y la doctrina de modo unánime consideran necesaria para verificar la presencia de un "incumplimiento contractual grave" como exige de modo insoslayable el art. 242 de la L.C.T.”.

Según resaltaron los Dres. Daniel E. Stortini, y Enrique R. Brandolino, resulta menester que “entre el hecho injurioso y la máxima sanción que es el despido medie un nexo causal a través de una relación lógica en el tiempo entre ambos”, por lo que “ante la ausencia de un hecho contemporáneo al acto extintivo, la empleadora debe responder por las consecuencias indemnizatorias precisamente porque, ante el lapso transcurrido, la conducta del trabajador se alejó totalmente como para constituir un "incumplimiento contractual grave" como requiere el citado art. 242”.

En la sentencia dictada el 18 de noviembre de 2014, la mencionada Sala concluyó que “de haber existido alguna duda sobre su desvinculación o no -tal como lo deja entrever la demandada- lo cierto es que contaba con un abanico de posibilidades sancionatorias en el ejercicio de su facultad disciplinaria (art. 67 L.C.T.) antes de acudir a una medida extrema como es el despido y ello en el marco del principio de continuidad del empleo consagrado por el art. 10 de la LCT”.

DEUDORES - FALLO

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechazó la pretensión tendiente a ejecutar el crédito emergente de un reconocimiento de deuda documentado con firmas certificados por escribano público, tras acreditar la vinculación del pago comprometido con la producción y venta de pollos, lo cual afecta las exigencias que rigen el acceso al proceso ejecutivo en lo relativo a la autonomía y autosuficiencia de los títulos con los que se pretende acreditar la mora en el cumplimiento de las obligaciones consignadas.

En la causa "Quaini Juan Manuel c/Vision Agropecuaria S.R.L. s/ejecutivo", el actor apeló la resolución del juez de grado que desestimó liminarmente la ejecución pretendida, con fundamento en que la obligación de la demandada no sería incondicionada y que para determinar la existencia de un crédito líquido y exigible era necesario recurrir a elementos o documentos extraños al título ejecutado.

El accionante se agravió porque no se consideró que el reconocimiento de deuda inserto en el documento acompañado consta de firma certificada por escribano público y resultaría suficiente para habilitar la vía ejecutiva pues allí constan los sujetos pasivos y activos de la obligación, contiene la expresión líquida o fácilmente liquidable de la cantidad adeudada y la exigibilidad de la obligación no sujeta a condición. Añadió que las partes acordaron otorgarle el carácter de ejecutivo al instrumento.

Los jueces que integran la Sala A explicaron que “para la procedencia de la vía ejecutiva deben concurrir los extremos que se desprenden del art. 520 del CPCC, a saber: a) que el título consigne una obligación de dar una suma de dinero, b) que se trate de una cantidad líquida o parcialmente liquidable, y c) que la obligación sea exigible, vale decir que sea de plazo vencido, no encontrándose subordinada a condición o prestación alguna”.

En tal sentido, los camaristas precisaron que “los documentos que se pretenden ejecutar deben bastarse a sí mismos por lo que la relación del vínculo de derecho debe resultar del título no siendo atendible una interpretación incompatible con la limitación de conocimiento que es propia del juicio ejecutivo (Alsina, "Tratado Teórico práctico Derecho Procesal Civil y Comercial", Tomo V, p. 18)”.

Sentado el marco conceptual, los magistrados señalaron con relación al presente caso, que se pretende ejecutar el reconocimiento de deuda instrumentado, en el que la demandada reconoció adeudar al actor la suma de u$s 316.381,67, señalando que se iba a pagar conforme el cronograma de pagos consignado en el Anexo que lo integra. A su vez, la demandada manifestó que "los fondos con los que cuenta para afrontar el compromiso de pago asumido, devengarán de la venta de las sucesivas crianzas de pollo que produzca la granja".

Por otro lado, las partes estipularon que “a fin de garantizar el cumplimiento del compromiso asumido, las partes acordaban que la cuota correspondiente al pago sobre cada crianza de pollos producida, no podía exceder el veinte (20%) por ciento de la facturación neta de impuestos de la crianza cobrada”, mientras que “en el supuesto de que por cualquier hecho fortuito o fuerza mayor la cuota superara dicho porcentaje, Visión Agropecuaria SRL se comprometía a cancelar la diferencia al final del plazo pactado, es decir, con el pago de la última cuota”.

En base a los términos de dichas cláusulas, los Dres. Alfredo A. Kölliker Frers y María Elsa Uzal coincidieron con el juez de grado en cuanto a que “el pago comprometido se encuentra vinculado a la producción de crianzas de pollo, cuestión que si bien es negada por el actor, no ha sido debidamente rebatida en su memorial”.

El tribunal aclaró que “si la obligación se origina en un contrato bilateral o en un contexto negocial más amplio, es indispensable poder aislar intelectualmente la obligación del resto del contrato, en el sentido de no depender de contraprestación a cargo del acreedor”, añadiendo que “el reconocimiento de deuda debe reunir características de autonomía que permitan establecer la existencia de la obligación sin necesidad de efectuar interpretaciones incompatibles con la limitación cognoscitiva propia del juicio ejecutivo: CPCC:544:4”.

En la sentencia dictada el 29 de diciembre de 2014, la mencionada Sala resolvió que “la problemática tendiente a indagar la existencia y los alcances de la deuda reclamada desnaturalizarían la esencia del juicio ejecutivo, lo cual por cierto, no conlleva a cercenar el derecho que reconocen las normas de la legislación de fondo, sino solamente ajustar su ejercicio al marco cognoscitivo limitado que caracteriza al proceso que nos ocupa, conforme los preceptos que reglamentan este procedimiento”.

Al rechazar el recurso de apelación, los jueces aclararon que “no obsta tal solución la convención de las partes relativas a otorgarle carácter ejecutivo al instrumento, ello pues, como lo reconoce el propio apelante, los títulos ejecutivos sólo son los creados por ley”.

MOBBING

Tras ponderar que los elementos del juicio no permiten acreditar el pretendido despido discriminatorio ni trato asimilable al denominado mobbing que se invocaron a fin de la aplicación del artículo 1º de la Ley 23.592, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el pedido de reincorporación al puesto de trabajo pretendido.

En la causa “M. C. A. c/ Garantizar Sociedad de Garantía Recíproca s/ otros reclamos – reincorporación”, la parte demandada apeló la sentencia de primera instancia que admitió la indemnización por despido reclamada.

Los jueces de la Sala IX explicaron que “la demanda perseguía específicamente la declaración de nulidad del despido directo por discriminatorio y reincorporación a su puesto normal y habitual de trabajo, daño material compensable a través de los salarios caídos hasta plasmar el objetivo y daño moral por el contenido discriminatorio que acusa, haciendo reserva expresa de reclamar la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo en caso de no prosperar la reinstalación en términos que no constituyeron un reclamo y que en consecuencia no fueron sometidos a la controversia que configura -en definitiva- la garantía del derecho de defensa de la contraparte”.

Al considerar que “la decisión recaída excede el ejercicio del denominado "iuranovit curia" para violentar el principio de congruencia y debido proceso”, los camaristas decidieron revocar la sentencia de grado y dejar sin efecto la condena fundada en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, Vac. prop. 2010, S.A.C. prop. 2º semestre 2010 y haberes de agosto 2010 que no fueron objeto de reclamo.

Por otro lado, la demandante se agravió por el rechazo de la índole discriminatoria del despido que se invocó al demandar para justificar la reincorporación.

En relación a este punto, los Dres. Alvaro Edmundo Balestrini, Roberto C. Pompa y Gregorio Corach consideraron en el fallo dictado el 14 de noviembre de 2014 que “no habiéndose sostenido en otros elementos de juicio el pretendido despido discriminatorio ni trato asimilable al denominado "mobbing" que se invocaron al demandar a fin de sustentar la aplicación del art. 1º de la ley 23.592, habrá de confirmarse la sentencia dictada en la anterior instancia en cuanto desestimó tanto la reincorporación como la reparación de daños y perjuicios fundadas en dicha norma”.

En cuanto a la modalidad de teletrabajo, los magistrados precisaron que “no se impugnó la modificación oportunamente ni tampoco se sustenta en parámetros objetivos y ciertos que permitan avizorar el supuesto perjuicio invocado con motivo del cambio, limitándose la apelante a exponer su subjetiva disconformidad con la decisión recaída”.

VIOLENCIA DE GENERO

"Tratándose del delito de lesiones leves de concurso ideal con amenazas, una vez instada en forma privada la acción penal (mediante la denuncia), ésta deja de estar en cabeza del agraviado y pasa a transformarse en una acción de carácter público", sostiene la sentencia.

De esta manera, los jueces Ana María Figueroa, Juan Carlos Gemignani y Luis María Cabral anularon la resolución de primera instancia, en la cual se sobreseía al supuesto agresor luego de que la mujer no continuara con el proceso.

Para los magistrados, el “exclusivo titular” de decidir si la acción debe continuar o no “es el Estado a través del Ministerio Público Fiscal” y calificaron al hecho como una posible "violación a los derechos de género".

Además, indicaron en la resolución que "el Estado Argentino debe observar el cumplimiento de lo previsto en los tratados internacionales, a fin de evitar responsabilidad ante la comunidad internacional".

REMATE JUDICIAL

Tras precisar que la operatoria y las condiciones de venta en un remate judicial son distintas de las que tienen lugar en operaciones particulares, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil aclaró que no debe confundirse el precio probable de realización del bien con el que, en principio, se oferta en una venta privada.

En el marco de la causa “Cons. de Prop. Tres de Febrero 2165/67/69 c/ Ergama S.A. s/ Ejecución de expensas”, el acreedor hipotecario presentó recurso de apelación contra la providencia que fijó la base de la subasta.

Los jueces que componen la Sala B señalaron que “el monto propuesto como base de subasta por el apelante se sustenta en el cálculo del crédito que tiene contra el deudor y no en el valor de mercado que la unidad a subastar, atento su ubicación y condiciones, podría llegar lograr en una venta”.

A su vez, los camaristas ponderaron que “el informe del martillero y la constatación efectuada dan cuenta de un valor de tasación muy inferior en las condiciones actuales del mercado inmobiliario”.

En dicho contexto, los Dres. Claudio Ramos Feijoó y Omar Luis Díaz Solimine entendieron que “la elevación de la base de la subasta a la suma propuesta por el apelante conduciría a su fracaso por el lógico y probable desinterés de eventuales postores”, agregando que a ello “se sumaría un dispendio temporal, de recursos humanos y materiales y un agravamiento de la situación del deudor por el incremente de los gastos”.

En la resolución dictada el 10 de febrero del presente año, el tribunal aclaró que “la operatoria y las condiciones de venta en un remate judicial son distintas de las que tienen lugar en operaciones particulares”.

En tal sentido, los magistrados remarcaron que “en principio, la base es usualmente menor que el precio real o de mercado, lo que no implica inducir a malvender el bien pero tampoco que lo elevado de la base genere mayores gastos, demoras y un inútil despliegue de actividad jurisdiccional a raíz del fracaso del remate por falta de postores”.

Por último, al confirmar la resolución recurrida, la nombrada Sala concluyó que “no debe confundirse el precio probable de realización del bien con el que, en principio, se oferta en una venta privada”.

QUIEBRA

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial destacó que no existe norma positiva que imponga al acreedor el agotamiento de la ejecución individual promovida sin éxito contra su deudor, como recaudo de habilitación de esta vía prevista en el artículo 83 de la Ley de Concursos y Quiebras.

En el marco de la causa “Corporación Integral OMI S.R.L. le pide la quiebra Investigaciones Vasculares S.A.”, fue apelada por el peticionante la resolución del juez de grado que oficiosamente desestimó el pedido de quiebra por considerarse perjudicado el trámite, al existir en pendencia y sin agotar la vía del cobro individual en las actuaciones “Investigaciones Vasculares S.A. c/ Corporación Integral OMI S.R.L. s/ ordinario”.

Contrariamente a lo resuelto en la instancia de grado, los magistrados que componen la Sala F sostuvieron que “las contingencias procesales invocadas en la resolución en crisis puedan perjudicar la tramitación del pedido de quiebra”.

Al pronunciarse de este modo, los camaristas recordaron que “el argumento de que no corresponde el ejercicio simultáneo de las vías individual y colectiva, no se compadece con la requisitoria normativa del art. 80 de la ley 24.522, que sólo exige la verificación sumaria de la existencia de un crédito”.

Tras ponderar que “de compulsa del expediente venido ad effectum videndi se sigue que existe un crédito líquido -y que se predica impago- a favor de la peticionaria”, los Dres. Alejandra N. Tévez, Juan Manuel Ojea Quintana y Rafael Barreiro consideraron que tales circunstancias “habilitan el requerimiento de quiebra del deudor; pues constituye una típica -aunque no excluyente- forma de exteriorización del estado de insuficiencia patrimonial”.

En ese orden, el tribunal precisó que “el hecho de haberse incumplido una sentencia judicial firme (v. cédula de fs. 219 actuaciones citadas) constituye sumaria acreditación de uno de los hechos reveladores de la cesación de pagos: la mora en el cumplimiento de las obligaciones”.

Al revocar la resolución recurrida, la mencionada Sala resaltó en la decisión adoptada el 19 de febrero pasado, que “no existe norma positiva que imponga al acreedor el agotamiento de la ejecución individual promovida sin éxito contra su deudor, como recaudo de habilitación de esta vía prevista en la LCQ: 83”.

DEUDAS EN DOLARES

Un tema que genera preocupación en el ámbito de los abogados (y también y en mayor medida para los particulares inversores que prestan dólares con garantía hipotecaria), es el nuevo artículo 765 del Nuevo Código unificado (Nuevo Código). Dicho artículo expresamente establece : ARTÍCULO 765.- Concepto. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal.

Esta redacción generaríauna situación de incertidumbre en todas aquellas personas que tienen contratos firmados en dólares, máxime por que el proyecto original tenía un agregado que fue afortunadamente eliminado al sancionar el Código que decía textualmente luego de “moneda de curso legal”:,de conformidad con la cotización oficial. (Texto conforme modificación del Poder Ejecutivo Nacional), lo cual mostraba a las claras la intencionalidad de dicha redacción.

Frente a ello aparecen varios factores a tener en cuenta. El Nuevo Código mantiene el principio de irretroactividad de la ley :ARTÍCULO 7º.- Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución,…. (Sub rayado es nuestro).

Este principio sería una garantía para los que con anterioridad a la entrada en vigencia del Nuevo Código tenían ya los contratos firmados, pero establece claramente para adelante una regla clara, que por otra parte se viene ya aplicando en muchos contratos, sobre todo de alquiler, que es lade que si se quiere fijar un precio en dólares deberá ser tomando la cotización oficial.

La gran duda que podría plantearse es la siguiente, que pasaría con los contratos existentes si no cumple el deudor y se tiene que ejecutar? Que norma aplicaría el juez al momento de dictar sentencia estando en vigencia elCódigo Nuevo y además considerando que otras cotizaciones del dólar no serían consideradas legales?.  Ante esta situaciónparecería que la postura de los tribunales debería ser respetar la irretroactividad, pero aún respetándola, se suma y vuelve a aparecer el problema antes mencionado, el dólar oficial versus el dólar paralelo.

El art.766 del Nuevo Código dice: ARTÍCULO 766.- Obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada.  Con lo cual, sumado al problema antes expuesto podría darse una contradicción entre ésta norma y la anterior.

La solución que parecería la mas recomendable, no es novedosa, pero estuvo mucho tiempo sin ser utilizada durante la convertibilidad, sin embargo ha vuelto a renacer. Es la de establecer en todos los contratos en dólares el derecho al acreedor de recurrir a la cláusula llamada antes “Cláusula Bonex”. Es decir, establecer la posibilidad que el acreedor pueda exigir la suma necesaria de pesos para adquirir los bonos de deuda oficiales que vendidos en los mercados de Montevideo, Nueva York, o Suiza impliquen la cantidad de dólares billete debida.  Este temperamento ha sido recientemente reconocido en fallos muy importantes (“SoaresSimina Dana y otro c/ Sanmartino Carlos Alberto y otros s/consignación” y “Narvaez María Cristina c Ciraudo Nora delia s/ Ejecución hipotecaria”). En dichos fallos se establece con claridad meridiana que si se pactó un mecanismo alternativo de pago, como la cláusula, llamémosla, “bonos”, se debe respetar esa cláusula y ese derecho del acreedor. Cualquier otro temperamentoimplicaría la violación de principios rectores de nuestro derecho y para mencionar algunos decimos: implicaría un abuso del derecho, en tal sentido el propio Codigo Nuevo dice al respecto:ARTÍCULO 10.- Abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización; El estado anterior sería que devuelva los dólares billetes de la forma que sea mas factible.

También implicaría una violación del principio de la autonomía dela voluntad delas partes, y al principio de Identidad de la cosa debida conforme el Nuevo Código: ARTÍCULO 868.- Identidad. El acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor.

Sumado a ello el nuevo Código establece que los jueces no podrán apartarse o modificar las estipulaciones de los contratos (ARTÍCULO 960 Nuevo Codigo.- Facultades de los jueces. Los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando se afecta, de modo manifiesto, el orden público.

Y otras normas masque se podrían alegar pero que brevitatiscausaelas dejamos fuera de este análisis.

Consecuentemente todo parecería indicar que la normativa sería aplicable hacia el futuro, no aplicable a los casos judicializados y que siempre se debe contar con la cláusula relacionada a los bonos de deuda externa Argentina.

Incluso advertimos que al final del día el gobierno queda contento, ya que en muchos casos , muchos deudores deberán comprar bonos de deuda Argentina para pagar!.

HORAS EXTRAS CIUDAD DE BUENOS AIRES

No  respetar los descansos diarios de 12 horas entre una jornada y otra, el límite de 30 horas extraordinarias por mes y 200 en el año, como así tampoco abonar los 8 minutos por hora nocturna resultan inobservancias comunes con consecuencias no deseadas para las firmas.

A ello se sumó la reforma de la Ley de Jornada Laboral, de mediados del 2010, donde sólo se excluyó del régimen de horas extras a los directores y gerentes.

Si bien desde los inicios de la Ley de Jornada de Trabajo se requería un registro de las horas extra trabajadas, al momento de exigirlas ante la justicia, el empleado debía demostrarlas.

Hace unos años, la situación cambió y los magistrados comenzaron a avalar la postura de losdependientes, ya que contar con ese registro era obligatorio para las empresas.

La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires y los tribunales laborales de la Capital federal, en varios fallos de los que dio cuenta iProfesional, aseguraron que era obligatoriocontar con esa documentación. Su falta fue determinante para torcer la suerte a favor de los dichos de los dependientes.

Pero también sucede que, muchas firmas, aún cuando tienen la intención de pagar las horas suplementarias, no cuentan con un adecuado sistema de registro de los horarios de entrada y salida de sus empleados, lo cual abre el juego a mayores probabilidades de litigios.

En este contexto, la Justicia se reafirma día a día la tendencia de emitir sentencias que receptan dichos reclamos.

En muchas provincias es obligatorio llevar hojas foliadas y rubricadas donde se consignen los horarios de ingreso y egreso del personal, como en Santa Fe o en Córdoba, aspecto que suele ser omitido por las empresas, ocasionando multas y penalidades, tanto por reclamos del asalariado como por objeciones de la autoridad de aplicación.

En ese sentido, hace pocos días, la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Disposición Nº 969/2014 de la Dirección General de Empleo, dispuso los detalles de qué datos deben figurar en dicho registro, como así también las sanciones en caso de no hacerlo.

Esta nueva regulación obliga a las empresas a llevar un estricto control de la jornada de trabajo, de modo que, ante la ausencia de este elemento, resultó aplicable "la presunción a favor" del dependiente.

Qué datos deben constarSegún la mencionada disposición, el registro deberá tener los siguientes datos obligatorios:

• Nombre y apellido del trabajador
• CUIL del trabajador
• Jornada laboral (desde y hasta que hora)
• Salario
• Fecha en la que se llevan a cabo las horas extras, especificando el día (lunes a domingo)
• Horario de la hora extraordinaria (desde y hasta)
• Cantidad o unidades de hora
• Incremento - porcentaje: 50% o 100%
• Valor de la hora normal
• Valor de la hora extra
• Monto liquidado
• Total de horas y total abonado.

“La ausencia del registro puede dar lugar a la imposición de una infracción por parte de la autoridad laboral, la que podría ser calificada como grave, cuya sanción equivale a una multa del 30% al 200% del valor mensual del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento de la constatación de la infracción, por cada trabajador afectado”, explicó Glauco Marques, abogado del estudio Adrogué, Marques, Zabala & Asociados.

El experto remarcó que esta disposición ha tornado operativa esta exigencia legal queparecía haber perdido validez por su inobservancia.

Dicho registro se debe adoptar única y exclusivamente para las horas extras que se realizan en establecimientos con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, el experto señaló que “es importante que se comprendan cuáles son las consecuencias que implica la no conservación -o exhibición según el caso- de documentación que la ley obliga a llevar”.

“Los antecedentes dejan claro que la no conservación o exhibición del libro pertinente constituye un acto contrario a derecho y en consecuencia ilícito. La mejor manera de poder evitar este riesgo en los juicios laborales es conocer e implementar las reglamentaciones vigentes que marca la Ley. Saber es una manera de prevenir hechos que luego pueden ser irrevocables”, destacó.

Así, ante la falta de exhibición de tal registro, reciente y cada vez más frecuente jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires invirtieron la carga de la prueba, quedando en cabeza del empleador demostrar que el dependiente no había realizado las horas extras reclamadasen la demanda.

Por ello, a fin de evitar y reducir contingencias en materia laboral judicial, los expetosconsideran prudente llevar el "Registro de Horas Extras" con los nuevos requisitos para las empresas radicadas en el ámbito porteño.

En la práctica, consiste en una planilla -que contenga los datos requeridos por la disposición-que los asalariados deberán firmar cada vez que realicen horas extras. Esta planilla deberá contener todos los requisitos establecidos en la nueva normativa.

Falta de criterio uniforme
Uno de los problemas actuales, de acuerdo a Juan Manuel Minghini, socio del estudio Minghini, Alegría & Asociados, es que "no existe un criterio uniforme sobre la valoración y prueba de las horas extras en la Justicia laboral".

"Esto se debe a que, para cierta parte de los expertos, deben analizarse con un criterio restrictivo y acreditación insoslayable, pero para otra debe seguir la suerte de cualquier otra probanza e, incluso, en ciertas oportunidades se ha considerado la existencia del correspondiente libro de horas suplementarias como un elemento determinante para resolver", remarcó.

En ese aspecto, Héctor Alejandro García, socio del estudio García, Pérez Boiani & Asociados, señaló que "hay convenios internacionales, como los emanados de la Organización Internacional del Trabajo, que imponen llevar el registro formal".

Además, los expertos recordaron que -en la actualidad- hay determinados programas informáticos que permiten el uso de tarjetas inteligentes y evitan la manipulación de datos que pudiera realizar un tercero (empresa de seguridad, por ejemplo) que pueden ser un buen principio de prueba del horario.

En tanto, Ramiro Salvochea, socio del estudio que lleva su apellido, explicó que un dato no menor en este caso fue que se aplicó el artículo 55 de la LCT para tomar en cuenta la prueba de la realización de horas extras.

"Este artículo considera a la falta de exhibición, a requerimiento judicial o administrativo, del libro, registro, planilla u otros elementos de control previstos por los artículos 52 a 54 como presunción a favor de las afirmaciones del empleado".

Es por ello que le recomendó a los empresarios "perfeccionar sus registros de ingreso y egreso para poder probar adecuadamente el tiempo trabajado por sus dependientes".

Quiénes deben percibir horas extras
El marco legal exceptúa del pago únicamente a los gerentes y directores, dado que ellos son las personas responsables de conducir a la firma y, en consecuencia, suelen ser retribuidos con diversos incentivos como bonus, beneficios no remunerativos, o bien gozan de un horario más flexible y de una remuneración más elevada.

Sin embargo, existe un abanico de posiciones que, aunque en la práctica ejecuten funciones similares a las que podría realizar alguien que ocupa un puesto gerencial, lo cierto es que para los magistrados pueden no revestir tal categoría. 

Consecuentemente, dichos empleados "jerárquicos" tendrían igualmente derecho a percibir horas suplementarias.

En estos casos, las empresas terminan afrontando el pago de importantes sumas de dinero no previstas dentro de sus esquemas de costos laborales.

Es que, para muchas firmas, es casi habitual -por una cuestión de falta de recursos humanos idóneos, frente a la necesidad de reemplazar personal bajo licencia o de responder a la demanda de sus clientes, entre otros motivos- recurrir a que determinados dependientes trabajen más horas de lo que fija la jornada legal.

TRABAJADOR FUERA DE CONVENIO

El otorgamiento de un ascenso y cambio de categoría de un empleado puede generar algunos trastornos para la empresa, en tanto no tome los debidos recaudos del caso.

Por ejemplo, si el dependiente -por su nueva situación- pasa a estar fuera de un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y, por lo tanto, deja de verse amparado por la convención colectiva que rige a la actividad del sector en el cual se desempeña (comercio, textiles, metalúrgicos, construcción, camioneros), es fundamental que la firma denuncie al sindicato respectivo la baja y que cuente con una manifestación escrita del trabajador sobre su intención de desafiliarse.

El empleador, además, debe estar atento a las consecuencias de estos saltos de categoría. Si otorga un aumento de sueldo a una persona excluida de convenio, éste debe ser al menos igual o mayor al de quienes están dentro, de modo de evitar un solapamiento salarial -es decir, un achatamiento de la pirámide remunerativa dentro de la compañía-.

Esto permite evitar el riesgo de que, tras un despido, el empleado presente un reclamo laboral por diferencias salariales.

En este sentido, también podría presentarse cuando el dependiente debería estar bajo convenio y, por ello, tendría derecho a cobrar una suba negociada en el marco de paritarias, pero al no estar amparado por esa normativa no pudiera percibirlo.

Es ahí cuando cobra relevancia que la exclusión esté bien justificada, de modo que sea posible demostrar ante la Justicia los motivos por los cuales el incremento no fue otorgado.

Hace pocos días, se dio a conocer un caso en el que la Justicia laboral obligó a una empresa aabonarle diferencias salariales e indemnizatorias a un dependiente que había sido excluído injustificadamente del convenio colectivo. Los jueces tuvieron en cuenta que el trabajador percibía muchos menos beneficios que sus subordinados.

Exclusión injustificada
Tras 26 años de pertenencia a la empresa, el empleado fue despedido. En los últimos doce años de relación, se desempeñó como supervisor con personal a cargo y la compañía decidió encuadrarlo como personal "fuera de convenio", lo que le produjo una merma en su remuneración ya que dejó de percibir los incrementos acordados por el sindicato al que pertenecía.

Al egreso, la firma le abonó una cifra que el trabajador consideró insuficiente porque no reflejaba su real categoría. De esta forma, se presentó a la Justicia para reclamar las diferencias correspondientes.

El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda al cobro de diferencias salariales. Esa decisión fue apelada por la empresa ante la Cámara.

Los magistrados indicaron que el dependiente fue registrado como personal "fuera de convenio" y que tal exclusión importó una merma en su salario sin ninguna compensación a cambio. De esta manera, más allá de que haya o no tenido personal a cargo, la compañía modificó la situación escalafonaria en perjuicio del dependiente.

“No quedó demostrado que a cambio de la exclusión convencional, el trabajador hubiera tenido mayores beneficios o ventajas que el personal convencionado, a lo que se suma que el perito contador informó que de no haberse operado la exclusión convencional, su remuneración hubiese sido mayor”, remarcaron los jueces.

De esta forma, indicaron que también resultaba procedente el recargo previsto por el artículo 2 de la Ley 25.323 dado que el dependiente intimó al pago de los rubros reclamados sin obtener resultado favorable por lo que debió instar los canales jurisdiccionales para obtener el reconocimiento de su crédito. 

Asimismo, le dieron carácter remunerativo a los incrementos no salariales que se pactan en los Convenios Colectivos, por lo que la base salarial creció de manera considerable.

PrecaucionesLa exclusión de un empleado de los beneficios reconocidos convencionalmente, sólo puede darse en situaciones de excepción, como podrían ser:

• Que la categoría profesional no esté incluida en el CCT en cuestión.
• Que se trate de personal jerárquico expresamente excluido.
• Que las tareas desarrolladas por el dependiente no se encuentren descriptas por dicha convención colectiva.

La exclusión unilateral e injustificada de un CCT genera en el dependiente el derecho a accionar judicialmente por el cobro de diferencias salariales, derivadas de la omisión de pago de todos los beneficios reconocidos en dicho convenio, durante el plazo de prescripción de dos años.

Eugenio Maurette, titular del estudio Maurette & Asociados, afirmó que el problema se soluciona "asumiendo que si hay incrementos para unos trabajadores también debe haberlos para quienes no están representados por un sindicato".

"Si bien no existe un derecho de los empleados no convencionados a mantener una diferencia salarial -precisa e inamovible- respecto a los que sí están amparados, los únicos principios constitucionales que deben respetarse son los de 'igual remuneración por igual tarea' y el de 'igualdad de las partes' o no discriminación", explicó el especialista.

Respecto a este último concepto aclaró que no hay una violación aunque los porcentajes de incrementos sean diferentes "siempre y cuando no haya solapamiento salarial".

"La permanencia o no de un empleado bajo la inclusión de un Convenio Colectivo depende de la categoría y, principalmente, de las tareas que efectivamente lleve a cabo ese trabajador", explicó Juan Manuel Minghini, socio de Minghini, Alegría & Asociados.

Una situación que suele plantearse es la del momento de otorgar un ascenso a un empleado que, hasta el momento, ocupaba una posición estipulada en el CCT y que, en el futuro, ocupará otra que no lo está.

En estos casos, los expertos aclararon que no existe antijuridicidad alguna ya que, si bien el dependiente deja de recibir los beneficios y derechos derivados de la aplicación de un acuerdo colectivo, comienza a recibir los propios de una posición jerárquica superior y que, en el caso puntual, siempre se verá acompañada de un mejoramiento de las condiciones de contratación.

En ese punto, agregó Minghini, "la empresa deberá contar con la manifestación expresa y por escrito del trabajador de querer desafiliarse a la organización sindical, la cual debe ser notificada en forma fehaciente".

"A los efectos de evitar situaciones dudosas y conflictivas, al momento de cambiar de categoría al personal debe tenerse especial cuidado en la claridad respecto de la nueva descripción de tareas, responsabilidades y por sobre todas las cosas el puesto en la que se va a posicionar al empleado", advirtió Juan Manuel Lorenzo, abogado del estudio Salvat, Etala & Saraví.

"Esto se debe a que, si se posiciona al dependiente en una categoría o puesto que permita inferir que se encuentra alcanzado por el convenio de la actividad o de la empresa, podría generarse el riesgo de un reclamo vinculado al encuadramiento convencional y ello implicaría la posibilidad de ser demando por las diferencias salariales", concluyó.

En todo este contexto, la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, que preside el legislador oficialista Héctor Recalde, dio aval a una propuesta que estipula que la remuneración mensual de los dependientes no encuadrados deberá ser superior en, al menos, un 20% al salario que por todo concepto perciba el trabajador mejor remunerado incluido en el convenio colectivo de la actividad.

AMPARO COBERTURA TRATAMIENTO

Ordenan cubrir un tratamiento de rehabilitación para un caso de esclerosis múltiple

Así lo determinó Marcelo Domínguez, juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, al resolver la acción de amparo de un joven que padece la enfermedad de esclerosis múltiple.

De esta manera, la justicia le ordenó al Instituto Provincial de Salud (IPS) de la provincia de Salta que brinde cobertura integral de los costos del tratamiento de rehabilitación neuromuscular.

Además, el magistrado instó a que la cobertura se ajuste al plan de trabajo presentado por el profesional interviniente y de acuerdo a lo normado por la ley nacional 24.901, resolución 2032/12 del Ministerio de Salud de la Nación.

"Nuestra Constitución Nacional contiene en el artículo 75 inciso 23, un mandato de acción muy fuerte a favor de la protección de las personas discapacitadas", indicó el juez en su resolución.

Cabe señalar que la cobertura deberá extenderse durante un año como mínimo y posteriormente se analizará la conveniencia y alcance de la continuidad del tratamiento.

Por otra parte y con respecto a los elevados costos de los tratamientos, el juez consideró que brindarlos no tendría un impacto financiero importante para la obra social pero sí para la familia del joven.