VIOLENCIA DOMESTICA - FALLO INSOLITO

María Marta Miguens tiene 54 años, una hija de 19 y dos trabajos. Ya había denunciado a su marido cuatro veces en la Comisaría de la Mujer por violencia doméstica. La justicia impuso una orden de restricción, aunque no fue cumplida.

Cuando la mujer volvió a la casa que había formado con su pareja para buscar sus documentos, tal como se lo había pedido el abogado, el hombre comenzó a golpearla. Marta llamó a la línea de emergencias, pero uno de los oficiales que participó del operativo la denunció por disturbios en la vía pública.

“Se la llevaron sin orden de detención y ningún vecino dijo haber escuchado nada”, remarcó la abogada de Migens, Graciela Achabal. En ese entonces, la mujer pasó ocho horas en la comisaría.

A pesar de este acontecimiento, la juez de paz de la localidad de Saladillo, ubicada a 182 kilómetros de Buenos Aires, condenó a Miguens a dos días de cárcel y a pagar una multa de 1440 pesos por disturbios en la vía pública.

De esta manera, la mujer que sufrió los golpes de su pareja se convirtió en la infractora del artículo 74 de la ley 8031, el cual determina lo siguiente: “El que con ruidos de cualquier especie, toques de campana, aparatos eléctricos o ejercitando un oficio ruidoso, de modo contrario a los reglamentos, afecten la tranquilidad de la población”.

La letrada de Migens apelará el fallo para que la pena quede en suspenso. “Ella vivía en una situación de esclavitud y de dependencia absoluta. Para asegurarse de que Marta fuera a trabajar, él la acompañaba. Y si ella se negaba podía llevarla a la rastra cinco cuadras hasta el hospital”, cuenta Achabal.

DIVORCIO - INJURIAS

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil sostuvo que para que las expresiones utilizadas por una de las partes en el juicio de divorcio revistan el carácter de injurias inferidas en juicio, se exige que sean graves, que excedan los límites de la defensa y que se expongan con mala fe y ánimo difamatorio, aclarando que toda afirmación lesiva o expresión de hechos menoscabantes, no se convierten automáticamente en injuria, pues una interpretación tan estricta impediría a las partes la libre defensa de sus derechos.

En la causa “M. J. E. c/ P. B. C. T. s/ divorcio”, la sentencia de grado rechazó la demanda presentada e hizo lugar a la reconvención, decretando el divorcio por culpa exclusiva del esposo, al que encontró incurso en la causal prevista por el art. 202 inciso 4° del Código Civil.

El esposo apeló la decisión del juez de grado que rechazó que se considerara a la esposa incursa en la causal de injurias graves con fundamento en que la prueba que arrimara el accionante resultaba insuficiente para tener por acreditada conductas de ese tenor.

Los magistrados que integran la Sala I consideraron que “considerara a la esposa incursa en la causal de injurias graves con fundamento en que la prueba que arrimara el accionante resultaba insuficiente para tener por acreditada conductas de ese tenor”.

En relación a ello, los camaristas explicaron que “la causal de injurias graves contemplada en el inc. 4 del art. 202 del Código Civil, implica toda especie de actos ejercitados en forma verbal, por escrito o materialmente que ataquen el honor, reputación o dignidad del cónyuge, hiriendo sus justas susceptibilidades, sin que se requiera la reiteración de tales hechos ya que uno solo puede bastar”.

En dicho marco, los magistrados determinaron que las pruebas producidas en modo alguno acreditan las injurias graves que el demandante le achaca a su mujer como fundamento de su pretensión, confirmando de este modo lo resuelto en la instancia de grado.

Por otro lado, en relación al agravio del recurrente vinculado a que se haya admitido la causal de injurias invocada por su esposa, los jueces señalaron que los hechos de violencia física del actor respecto de su esposa relatados por los testigos, tales como tirarle del pelo a ella y empujarla, así como clavar un cuchillo en la mesa, resultan “suficientes por sí solos para tener por acreditado el trato agresivo, las amenazas y los insultos que el actor confería a la demandada”.

Por su parte, la demandada reconviniente se agravió porque la sentencia de grado rechazó la causal de injurias vertidas en juicio.

Los Dres. Hugo Molteni y Carmen Ubiedo explicaron que “para que las expresiones utilizadas por uno de los cónyuges revistan el carácter de injurias inferidas en juicio, se exige que sean graves, que excedan los límites de la defensa y que se expongan con mala fe y ánimo difamatorio”, debido a que “la naturaleza de los hechos que ordinariamente se debaten en estos procesos, o las imputaciones desagradables que se efectúan, son parte necesaria e inevitable en el pleito y, consecuentemente, toda afirmación lesiva o expresión de hechos menoscabantes, no se convierten automáticamente en injuria, pues una interpretación tan estricta impediría a las partes la libre defensa de sus derechos”.

En el fallo dictado el  pasado 30 de abril, la nombrada Sala remarcaron que “deben consistir en imputaciones o expresiones ofensivas para el otro cónyuge y hábiles para constituir injurias graves que den lugar al divorcio por culpa de quien las emite, se requiere que las expresiones se introduzcan de mala fe, con el claro propósito de agraviar”, dejando en claro que “el carácter ofensivo de las imputaciones no puede basarse en la susceptibilidad de las partes, sino que debe referirse necesariamente a la gravedad de los hechos que se imputan, que debe ser extrema”.

En base a ello, el tribunal resolvió que ello no resulta del contenido de la presentación efectuada por el actor, confirmando de este modo lo resuelto en la sentencia de primera instancia.

DAÑOS - INTERESANTE FALLO

La Sala B de la Cámara Civil decidió condenar al Canal y a la realizadora de programas televisivos “GP Producciones S.A.” por burlarse de una mujer que fue entrevistada por la crisis del “corralito” y tuvo un problema con su dentadura postiza.

Para la justicia la reiteración de la imagen mortificó a la mujer y, además, se produjo de forma descontextualizada de lo que fuera originalmente el objetivo de la entrevista. La emisión de la situación se dio en los conocidos programas de archivo.

“El uso que se hiciera de la imagen de la actora trascendió al hecho y marco original de la entrevista, en la que ahora intentan apoyarse” tanto Canal 13 cuanto la productora, remarcaron los camaristas Claudio Ramos Feijóo, Omar Díaz Solimine y Mauro Mizhari.

Cabe señalar que el artículo 1071 bis del Código Civil establece lo siguiente: quien “arbitrariamente se entrometiera en la vida ajena publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos o perturbado de cualquier modo su intimidad y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubiese cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez".

Si bien Canal 13 y la productora de contenidos se escudaron en los derechos a la libertad de prensa, los camaristas dispusieron un resarcimiento de 25 mil pesos, más intereses de casi nueve años, por la reiteración de la imagen, a favor de la damnificada.

Los magistrados entendieron que la actora “pudo haberse visto mortificada en su pudor, lo que la habilita a una pretensión como la de esta causa. En concreto, ante la utilización por las demandadas de una imagen que nada agregaba al supuesto interés general de la entrevista, la conclusión lógica es que deben responder por el daño generado”.

LIMITES A LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

El proyecto de ley que regula la responsabilidad del Estado por daños se transformó en ley. La semana pasada, el Senado nacional sancionó la norma que regula la responsabilidad del Estado con 38 votos positivos contra 23 negativos. 

Esta regulación estaba originalmente contemplada en el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. En aquel entonces, esta inclusión dio lugar a extensos debates, y se convirtió en uno de los puntos más cuestionados.

En aquel entonces, la oposición destacó que el desarrollo del derecho administrativo local -al cual remitía el texto del Ejecutivo- todavía no ha alcanzado el grado suficiente para receptar un instituto tan importante, sin al menos contar con las disposiciones del Código Civil como resguardo en caso de existir lagunas legales.

Por este motivo, el oficialismo eliminó este punto de los dictámenes del proyecto de reforma del Código Civil y dispuso su tratamiento mediante una ley especial.

Ahora, tras un largo debate, obtuvo su sanción y tan sólo falta que se oficialice a través de su publicación en el Boletín Oficial.

Puntos destacadosUno de los puntos principales de la iniciativa establece que "el Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos".

Además, señala que la responsabilidad es objetiva y directa -por lo tanto, no requiere acreditar la culpa como factor de atribución-, y que el Código Civil no resulta aplicable para esta cuestión, ni siquiera en forma subsidiaria.

También establece que la sanción pecuniaria disuasiva (muy común en las relaciones de consumo, por ejemplo) es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios.

Asimismo, se exime de responsabilidad en los casos de caso fortuito o fuerza mayor, o biencuando el daño se produjera por el hecho de la víctima o de un tercero por quien el Estado no deba responder.

Luego, indica cuáles son los requisitos para que proceda, sea por su actividad o inactividad legítima como ilegítima. De acuerdo con el texto, la primera procederá en forma excepcional, y sólo se repararán las consecuencias directas e inmediatas (se excluyen las mediatas, los daños afectivos y el lucro cesante) generadas en forma exclusiva por el Estado (es decir, sin existir causas conexas).

Se agrega que para que la reparación sea procedente se requiere un "sacrificio especial" en la persona dañada. Se prevé que los daños causados por actividad judicial legítima no generan derecho a indemnización.

En materia de concesión de servicios públicos, se establece que el Estado no responde, ni siquiera en forma subsidiaria, cuando la acción u omisión del concesionario sea imputable a la función encomendada.

Al respecto, Hugo Rossi, del estudio Rossi Amadeo Abogados, remarcó que "se han suscitado debates parlamentarios acerca de si el hecho de que el Estado operativamente ejecute su responsabilidad a través de un concesionario, debiera o no relevarlo de la responsabilidad por ese servicio público. El punto toca a los usuarios de servicios públicos que, de esta forma, sólo podrán reclamar al concesionario, con el consiguiente riesgo de no recibir reparación del daño en caso de insolvencia del mismo. Por su parte, desde el bloque oficialista, varios legisladores sostuvieron que el proyecto busca proteger al Estado de los abusos de quienes lucran indebidamente con los juicios contra la administración pública".

En cuanto a los términos de prescripción, el proyecto prevé un plazo de 3 años para demandar al Estado por su responsabilidad extracontractual.

Mientras que la responsabilidad del Estado es objetiva, la de los funcionarios y agentes públicoses subjetiva (por dolo o culpa), previéndose también en este caso un plazo de prescripción de 3 años para instarla.

El texto no incorpora disposiciones relativas a la responsabilidad penal de los funcionarios estatales.

RepercusionesRossi explicó que "se establece que la responsabilidad del Estado es materia del Derecho Público administrativo de carácter local o nacional, según corresponda".

Esta cuestión tuvo una interesante evolución en el derecho argentino, que el proyecto viene a modificar.

"Por la inexistencia de norma alguna en nuestro sistema jurídico que lo regule, fue la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la encargada de crear el régimen aplicable. Así, el alto tribunal pasó de adoptar el principio de la irresponsabilidad del Estado, a reconocer la existencia de la misma", indicó el especialista.

La ausencia de norma específica que la regule llevó a la aplicación del Código Civil actual, en especial el artículo 1112. En virtud del mismo, las resoluciones del máximo tribunal aceptaron la procedencia de acciones de indemnización de los daños causados por la actuación estatal.

"Queda pendiente de aclaración si resultan aplicables las astreintes -multas procesales- al funcionario que incumple una orden judicial, atento que las mismas se encuentran reguladas en el artículo 666 bis del Código Civil, que la norma expresamente declara inaplicable", agregó el experto.

Además, hay que tener en cuenta que el proyecto de Código Civil -que también cuenta con media sanción del Senado de la Nación-, elimina el instituto de las astreintes.

Giorgio Agustín Benini, colaborador de elDial. Com, consideró que "se ubica definitivamente a la responsabilidad del Estado dentro de la esfera del derecho administrativo y reconoce la potestad de las provincias para regular la materia dentro de sus respectivas jurisdicciones".

"Decimos 'reconoce', porque, al margen de la regulación proyectada, es la propia naturaleza jurídica de la responsabilidad extracontractual del Estado la que la posiciona dentro de aquella esfera local", agregó.

"El texto refleja en buena medida los criterios actuales de la Corte Suprema. Al estar en línea con aquellos criterios, la jurisprudencia que se dicte con posterioridad a su sanción servirá para ir consolidando cada cláusula de su texto", destacó.

Para Benini, algunos aspectos que seguramente serán profundizados y ampliados por la jurisprudencia son la indemnización por daño moral y el reconocimiento, bajo ciertas condiciones, del lucro cesante ante determinados daños producidos por la actividad estatal legítima.

"En la práctica, la prohibición de aplicar astreintes contra el Estado, sus agentes y funcionarios,impactará negativamente contra la fuerza obligatoria de los fallos judiciales", consideró el colaborador de elDial.com.

El senador nacional por San Juan, Roberto Basualdo, explicó que dio su voto negativo al proyecto porque "el objetivo, no dicho pero que se infiere de su articulado y de su magra fundamentación, es reivindicar a través de este proyecto de ley privilegios paraatenuar la responsabilidad del Estado Federal y ceñir la discreción judicial (como ocurrió con la Ley de cautelares contra el Estado), prefijando esos privilegios en un cuerpo normativo que agota su aplicación en el ámbito federal".

"Me pregunto: ¿qué va a pasar si el Estado deja de cumplir con su obligación indelegable de vigilar y controlar a un concesionario de un servicio público que causa un daño?. ¿El Estado no va a tener responsabilidad con las víctimas?. Eliminar las sanciones conminatorias en los hechos importará que las decisiones judiciales sean meras órdenes en soporte papel cuyo cumplimiento dependerá de la 'buena voluntad' o del sentido de la responsabilidad que tenga el o los funcionarios involucrados, incentivando por tanto el incumplimiento", aseveró Basualdo.

En esta misma línea, el dirigente sanjuanino destacó que en el sistema jurídico argentino, "la responsabilidad del Estado seguirá siendo civil. Y por tanto, debe entenderse que el trato en cuanto a la reparación debe ser uniforme en todo el territorio argentino, impidiendo que en una provincia le niegue a una persona una reparación que se reconoce en otra, toda vez que el derecho a la reparación de un daño sufrido sea parte de los derechos que la Constitución reconoce a los habitantes, contenidos en la parte dogmática de la Carta Magna y que sirven de protección de las personas ante el Poder del Estado".

DAÑOS PRODUCIDOS POR UN ARBOL EN LA VIA PUBLICA

La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad resolvió por mayoría indemnizar $27.050 a los propietarios de un automóvil por los daños y perjuicios generados tras la caída de un árbol añoso sobre el vehículo, en Parque Patricios.

La causa fue iniciada en 2007, cuando un árbol cayó sobre un Renault Scenic en Urquiza, entre Rondeau y la avenida Caseros. Rompió el techo, la puerta trasera izquierda, el guardabarro trasero izquierdo, el tapizado del techo, el portaequipaje, la tapa del baúl, las molduras del parante trasero, la cerradura de la puerta trasera izquierda, el parabrisas delantero y los cristales del parante trasero y la puerta trasera izquierda.

En la resolución, firmada por los jueces Hugo Zuleta, Esteban Centanaro y Gabriela Seijas, en disidencia parcial, dispusieron negar el recurso de apelación presentado por los dueños del coche, quienes cuestionaban que el monto indemnizatorio establecido en primera instancia era "muy bajo". 

También resolvieron rechazar los argumentos del Gobierno porteño, que alegó "no ser imputable de responsabilidad" por considerar al hecho "casual y fortuito", mientras que concedieron parcialmente los agravios planteados por la administración comunal en relación también con el monto de la indemnización, en este caso considerado excesivo.

"No existen dudas acerca de que el gobierno local era el responsable del cuidado y mantenimiento de los árboles en la ciudad. En efecto, así lo disponía el artículo 14 de la ley 1556 de regulación del arbolado público, vigente a la fecha del siniestro", reza el fallo judicial.

PESIFICACION DEUDA EN DOLARES

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia que dispuso que los alquileres impagos reclamados debían abonarse en dólares estadounidenses o en la cantidad de pesos equivalentes, al entender que frente al dictado de la ley 25.561 y del decreto 214/02, no cuestionados por la actora, que dispusieron la pesificación de las deudas exigibles al 6 de enero de 2002 y a su eminente carácter de orden público, el crédito reconocido en la sentencia de trance y remate ha quedado pesificado a razón de un peso igual a un dólar.

En la causa “Kazez Ernesto Salomón c/ Badala Diego y otro s/ ejecución de alquileres”, la Sala  G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó el pronunciamiento de la instancia anterior, que había dispuesto que los alquileres impagos reclamados en autos, derivados de un contrato de locación de un inmueble destinado a vivienda familiar, debían abonarse en dólares estadounidenses o en la cantidad de pesos equivalentes.

Al pronunciarse de este modo, dicho tribunal sostuvo que “frente a la firmeza adquirida por la sentencia en el mes de julio de 2002, el caso en análisis se encuentra alcanzado por los efectos de la cosa juzgada, toda vez que debe subsumirse dentro de la directiva del arto 11 de la ley 25.561 (Lo. Art. 3° de la ley 25.820) en cuanto dispone no modificar situaciones ya resueltas por acuerdos privados y/o sentencias judiciales”.

Contra este pronunciamiento, la ejecutada interpuso el recurso extraordinario federal, cuya denegación dio origen a la presente queja. La recurrente expuso que el fallo apelado debe ser dejado sin efecto, porque a pesar de no haber declarado la inconstitucionalidad de las normas, la alzada no dispuso la pesificación de la deuda, sino que la mantuvo ligada al valor del dólar al establecer una condena que no se apoya en disposiciones legales vigentes ni en fallos de esta Corte.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el agravio formulado por la apelante respecto de la inaplicabilidad de las normas de pesificación trasunta cuestión federal suficiente para ser considerada en esta vía extraordinaria (art. 14, inc.3° de la ley 48).

Contrariamente a lo afirmado por la cámara, el Máximo Tribunal resolvió que “no existe en el caso cosa juzgada sobre la moneda de pago, pues frente al dictado de la ley 25.561 y del decreto 214/02 -no cuestionados por la actora- en cuanto dispusieron la pesificación de las deudas exigibles al 6 de enero de 2002 y a su eminente carácter de orden público, el crédito reconocido en la sentencia de trance y remate ha quedado pesificado a razón de un peso igual a un dólar, sin que las actuaciones procesales ocurridas con posterioridad a dicho pronunciamiento tengan entidad suficiente para variar la interpretación referida”.

En la sentencia dictada el 6 de mayo pasado, la Corte aclaró que “no constituye obstáculo la circunstancia que la ejecutada no hubiese solicitado expresamente la aplicación de las mencionadas normas, después del dictado de la sentencia de trance y remate, habida cuenta del carácter de orden público de dicha normativa no cuestionada por la actora”, lo cual “debió llevar al magistrado a su aplicación de oficio y pudo llevar a la coejecutada a entender que la deuda se había pesificado”.

AFIP - INTIMACION

La Corte Suprema de Justicia ratificó que a los 15 días de notificada una empresa de una deuda impositiva sin que se haga el pago, la AFIP ya puede reclamar a los directores como responsables solidarios, sin esperar a que exista una sentencia firme que convalide el reclamo del organismo recaudador a la compañía.

En la causa Bozzaro, la Corte dijo que “no corresponde agregar un recaudo”, como “la firmeza del acto que determina el impuesto al deudor principal” (la empresa), para permitir a la AFIPreclamar la deuda impositiva al director de la sociedad, en su carácter legal de responsable solidario, explicó a el Cronista Carlos Fernández, de Crowe Horwath.

Si bien en la provincia de Buenos Aires, las leyes permiten a la agencia de recaudación ARBA intimar en un mismo acto al responsable principal y al solidario, la AFIP tiene una limitación para ir contra el director, que responde con sus bienes y su patrimonio.

Ese límite consiste en que la AFIP primero debe intimar de pago a la empresa. Si en los 15 días que la firma tiene para contestar, no hace el pago,recién ahí se dispara la intimación al director, indicó Fernández.

En el caso Bozzaro, se cumplen todos esos pasos, pero el director apela y dice que no corresponde que la AFIP le haya determinado de oficio, con carácter parcial, la deuda de la empresa Carnes Santa María SA, en su carácter de responsable solidario, por deudas de Impuesto a las Ganancias e IVA.

La Sala III de lo Contencioso Administrativo Federal confirmó un pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación que hizo lugar a lo que dijo Bozzaro. Por este motivo, declaró la nulidad de la determinación de oficio de AFIP. Tuvo en cuenta que la obligación tributaria de la empresa no se encontraba firme, ya que Carnes Santa María había apelado ante el Tribunal Fiscal la inspección respectiva, y así decidió que el ente recaudador no podía válidamente ir contra el responsable solidario.

La Corte rechazó la lectura de la Cámara y le dijo que para interpretar las normas debe aplicarse el criterio que dice que “cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo no cabe sino su directa aplicación”.

Y puntualizó que la ley no exige que esté firme la determinación del tributo al deudor principal, sino “únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de 15 días” sin que haya habido respuesta. “En el caso en examen, el referido recaudo se encuentra cumplido”, concluyó.

AFIP DEBE INDEMNIZAR POR EMBARGO INCORRECTO

La Justicia condenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a resarcir el daño económico que le provocó a una profesional el hecho de que el ente recaudador le haya iniciado juicio de apremios por una deuda que estaba cancelando mediante un plan de pagos.

"La actitud descuidada de la AFIP constituyó unadeficiente prestación del servicio estatal de recaudación tributaria", criticó el fallo.

Ahora, la profesional que había adherido a unplan de pagos a través de la aplicación "Mis facilidades" para cancelar los saldos de declaraciones juradas rectificativas del Impuesto a las Ganancias -reclamados por el organismo- deberá ser resarcida por el fisco.

La sentencia fue dictada por la sala "B" de una Cámar Federal conformada por los jueces y Roberto Julio Naciff, Hugo Carlos Echegaray y Juan Antonio González Macías, en los autos "Olivera Aguirre, María c/AFIP p/Ordinario", dado a conocer por Diario Judicial.

La causa se inició con la demanda de la contribuyente, que señaló que había entrado a un plan de facilidades para abonar una deuda por Ganancias en 18 cuotas más el interés aplica la AFIP.

Sin embargo, tiempo después de suscripto el plan, el fisco inició la ejecución fiscal y ordenó el "embargo sobre todas las cuentas bancarias que poseía la actora".

A partir de esa situación, la damnificada reclamó una indemnización por daños y perjuicioscomo consecuencia de los perjuicios sufridos, ya que "la deuda se encontraba incluida en un plan de pagos vigente y con anterioridad al procedimiento de apremio que se le iniciara".

Daño moral
El daño material que invocó fue por los $15.000 que la actora había entregado para comprar un auto, cuyo convenio fue rescindido porque no se pagó la primera cuota, ya que el cheque firmado para tal fin fue rechazado por el banco por estar la cuenta embargada.

El daño moral que reclamó se basó en que tras el embargo "recibió de la gerencia de dicho Banco un llamado de atención que le causó daño moral y profesional".

La sentencia de primera instancia, confirmada en lo principal, ordenó el resarcimiento por$15.000 otros $4.000 por daño moral. Para fundamentar su confirmación, afirmó que "la AFIPno puede fundamentar su accionar en el desconocimiento del plan suscripto".

"Ello, en virtud de que es la propia administración la que deja en manos de los contribuyentes la posibilidad de cumplir a través de planes de pagos, por lo que mal puede alegar desconocer un hecho que ella misma creó para ese fin. De lo contario, pierde sentido tal procedimiento", agregó el fallo.

Los magistrados, además, agregaron que "el hecho de que pueda accederse al plan por medio de un mecanismo virtual, -Internet-, tiene el fin de facilitar la forma de acceder al mismo ('Mis facilidades'), debe ser conocido por la administración, ya que sería lo mismo que concurrir a las oficinas de la AFIP".

El Tribunal, entonces, no omitió criticar el accionar del fisco nacional, ya que a su entender"constituye un verdadero desarreglo burocrático que el organismo recaudador invoque desconocimiento".

Y si bien era cierto "que pueden ser reprochables ciertas conductas de la daminificada -tal como la demora en presentar la rectificatoria de las declaraciones juradas- ello no fue obstáculo para que se acogiera al sistema de pagos consolidado por la AFIP".

Los jueces precisaron que resultó "insignificante" que la profesional se haya atrasado una cuota -tal como alegaba el fisco-, ya que "la actitud reprochable" del organismo de recaudación fue "haber iniciado la ejecución fiscal días después de que la contribuyente ingresara” vía web a resolver su situación.

Por ello, la Cámara Federal determinó que "la actitud descuidada de la AFIP constituyó unadeficiente prestación del servicio estatal de recaudación tributaria", que fue consecuencia "del incumplimiento de su deber de verificar su base de datos".

IMPEDIMENTO DE CONTACTO

Celso Guido Balbuena Arguello, de 45 años, se llevó al pequeño, de 4 años, de la provincia de Tierra del Fuego en 1994. Mediante engaños y documentos falsos el actor pudo radicarse en Paraguay.

La madre del niño estuvo 16 años para hallarlo y finalmente Balbuena Arguello fue extraditado a la Argentina. El Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia condenó al hombre a tres años de prisión en suspenso y al cumplimiento de reglas de conducta.

Los magistrados encontraron a Arguello como autor “material y penalmente responsable del delito de sustracción, retención, y ocultamiento de un menor de edad”. Además, el actor deberá hacerse cargo de las costas del proceso.

El caso comenzó cuando la madre, tras haberse separado de hecho de su marido, le firmó un permiso de autorización para que ambos pudieran viajar a Punta Arenas, Chile, por 9 días. Como no regresaban, la madre empezó a hacer las averiguaciones correspondientes y se dio cuenta que el hombre había renunciado a su empleo y que la casa estaba deshabitada. A partir de ese momento, las autoridades pusieron en marcha la búsqueda.

Cabe recordar que una vez encontrado, Balbuena Arguello fue extraditado a la Argentina y obligado a radicarse en Tierra del Fuego hasta el momento en que fuera dictada la sentencia judicial.

Nuevo Veraz laboral para empleadores. Se creó el "REPSAL"

El poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 26.940 que dispone la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) donde se incluirá a las empresas que -entre otras faltas- no blanqueen a sus trabajadores. La incorporación en dicho registro importará para la empresa infractora la restricción al acceso a créditos bancarios y la quita de subsidios del Estado Nacional.  

Mediante la Ley 26.940 de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, se crea el registro de infractores denominado “REPSAL”, en el que se incluirán y publicarán las sanciones firmes contra las empresas. Dicho registro será de acceso libre y público desde la página del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y se actualizará periódicamente.  

Las sanciones que se publicarán son las que pudiera aplicar el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por falta de inscripción del empleador (1) y por obstrucción a la labor de la Inspección del Trabajo (2). Igualmente se publicarán las impuestas por la AFIP (3), las impuestas por las autoridades provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (4), por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (5), por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (6) con motivo de la falta de registración de empleadores o trabajadores, entre otras.  

Asimismo la normativa indica que se publicarán las sentencias judiciales por las que se estableciere la calidad de “trabajador dependiente con relación laboral desconocida por el empleador, o con una fecha de ingreso que difiera de la alegada en su inscripción, que los secretarios de los juzgados de la Justicia Nacional del Trabajo deban remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos”(7).  

Los principales efectos que la publicación en el REPSAL que traerá aparejado para el infractor son: restricción al acceso “a los programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional” (donde se incluirían los subsidios a los servicios de agua, luz y gas); no podrá acceder al crédito de entidades bancarias públicas; y tampoco podrá participar en obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias.  

En el caso de reincidencia del infractor dentro del lapso de tres años -por la misma falta-, el sancionado quedará excluido del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y no podrá deducir en el impuesto a las ganancias los gastos inherentes a su personal.    

(1)  En los términos del artículo 12 de la ley 24.241 y sus modificatorias; artículo 7° de la ley 24.013 y del artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias.  

(2)  Prevista en el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la ley 25.212.  

(3) En los términos del artículo 15, inciso 1°, apartados a) y b), de la ley 17.250, y el artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias.  

(4)  Por incumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la ley 24.013.  

(5) Por obstrucción a la labor de la inspección prevista en el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la ley 25.212.  

(6)  Las impuestas en el marco de las leyes 25.191 y 26.727.  

(7) Según lo establecido en el artículo 132 de la Ley 18.345 (t.o. por decreto 106/98).

JUICIOS LABORALES - INTERES

El transcurso del tiempo y la prolongación de los trámites judiciales juegan un rol preponderante en el monto definitivo que represente cada juicio.

En la actualidad, son los magistrados los que -ya sea por petición de las partes o por su propio criterio- eligen aplicar la tasa activa o la pasiva.

La primera es la que reciben los bancos por los préstamos que otorgan y es mayor que la segunda, que es la que pagan las entidades a los ahorristas que dejan allí sus depósitos.

Durante los últimos años se generó una verdadera asimetría en jurisdicciones próximas, como son el distrito de Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires, con una mayor aglomeración en el denominado Gran Buenos Aires.

Sucede que mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se ordena actualizar el monto a través de latasa activa (la más elevada), cruzando la General Paz, se utilizaba la pasiva (más baja). Hace unos años, y con el objeto de terminar con las diferencias, el Congreso bonaerense dictó la Ley provincial 14.399 que fijaba la tasa de interés activa para todos los créditos morosos de naturaleza laboral como, por ejemplo, salarios,indemnizaciones, multas y sanciones.

No obstante, en los últimos meses esta discusión comenzó a tomar relevancia entre los expertos en Derecho del Trabajo, ya que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en la causa "Abraham, Héctor Osvaldo c/ Todoli Hermanos" la declaró inconstitucional y varios juzgadosvolvieron a utilizar la tasa pasiva (la más baja). 

Sin embargo, los avatares económicos de los últimos meses hicieron que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tomara cartas en el asunto y dictara el acta 2601.

La misma establece que los litigios que se lleven a cabo en la Ciudad de Buenos Aires se deberán actualizar mediante la tasa nominal anual para préstamos personales de libre destino del Banco Nación (para un plazo de 49 a 60 meses) todos los créditos del trabajador desde que son debidos hasta su efectivo pago, para aquellas deudas que se encuentran sin sentencia.

De esta manera, la tasa pasó del 25% al 36% anual. Este cambio busca reflejar mejor la realidad inflacionaria del país. 

Qué establece el acta
De acuerdo con el documento suscripto por los camaristas, de alta repercusión en el ámbito empresario, se dejó establecido que:

1. La tasa de interés aplicable será la nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco de la Nación Argentina, para un plazo de 49 a 60 meses. A la fecha, esta tasa es equivalente al 3% mensual (o 36% anual). 

2. Dicha tasa se aplicará en forma retroactiva desde que cada suma sea exigible, en las causas que se encuentren sin sentencia. De esta forma, ya no se aplicarán las tasas del 1,55 y 2,05mensual que se utilizaban en la Justicia laboral para los créditos judiciales. 

Esta fue la postura asumida por más de 30 jueces del fuero, que aumentaron la tasa en una vez y media. El argumento para seguir esta línea es que el empleado no es un prestamista forzoso, por lo que no podría ver reducido su crédito como consecuencias de los acontecimientos económicos. El plazo de 36 meses tiene su justificación en que es ese el promedio normal de duración de un juicio.

"Los tribunales se hicieron eco de la realidad e intentan que los litigios y lo que tardan en resolverse, no sea materia de especulación financiera por parte del deudor. Esto es, que el empresario cuando despida o tenga alguna contingencia laboral, no piense que es mejor 'patear el tema para adelante pensando que total la inflación cubrirá parte de los gastos', indicó Juan Carlos Cerutti, socio del estudio Cerutti - Darago - Lupi & Asociados. 

El objeto de este cambio, "es que piense que le es más conveniente económicamente pagar en plazo o más rápido ya que los intereses serán más altos, además de lascontingencias tales como la derivación a AFIP, y otras más", agregó. 

La tasa activa del Banco de la Nación en los años 2002, 2003 y parte de 2004, tuvo una incidencia importantísima en tanto los montos de condena se incrementaban en aproximadamente un 80% sumando esos periodos. Luego se estabilizó porque también las variables de la economía se mantuvieron constantes.

"Las leyes y los jueces deben hacer reflexionar al deudor de que no le es conveniente un juicioy que debe evitarlo, buscando una conducta conciliadora", remarcó Cerutti.

Además, agregó que "tanto el cambio en la tasa de interés como la nueva ley de Promoción del Trabajo Registrado (Ley 26.940), debería de tender a la baja de litigios y aumento de las conciliaciones ya que, de no ser así, al empresario le saldrá no sólo más caro el pago de una deuda laboral que un plazo fijo, sino que puede ser incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) no pudiendo beneficiarse con una baja de las contribuciones patronales a la Seguridad Social".

Para el estudio Adrogué, Márques, Zabala "este cambio impactará de lleno en el costo judicialy, en consecuencia, en el presupuesto de las empresas a la hora de tener que previsionar los reclamos laborales".

Con respecto a la situación general que sufren las compañías, Juan Manuel Minghini, socio del estudio Minghini, Alegría & Asociados, explicó que "cada vez son más las peticiones judiciales que exigen a los magistrados una nueva adecuación respecto de los intereses que deben alicarse en los litigios laborales".

El especialista destacó que esto resulta "totalmente lógico" porque buscan mitigar los efectos de la inflación, teniendo en consideración que un procedimiento en este fuero tiene una duración superior a dos años.

En tanto, el juez Julio Grisolía consideró que frente una brecha que va desde un 10% hasta un 30% anual, debería adoptarse una ley nacional que estableciera la tasa activa (más alta) como piso mínimo frente al cual los magistrados pudieran disponer conforme la normativa vigente. 

Bajo su óptica, la tasa fijada por el Banco Nación parece "muy razonable", ya que "considerando los montos de condena y los incrementos que tienen lugar por la aplicación de intereses" no se advierte, a su entender, que "se pueda afirmar que existe licuación alguna de los créditos alimentarios de los trabajadores". 

En este contexto, el diputado oficialista Héctor Recalde quiere ir más allá de lo dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El legislador impulsa un proyecto de ley que apunta a elevar aun más la tasa. 

En concreto, establece que todos los créditos generados como consecuencia de las relaciones laborales que no se abonaren en tiempo y forma, desde el nacimiento de la obligación y hasta su cancelación total, devenguen intereses equivalentes a una vez y media la tasa activa (54%). 

Problema en puerta
"En el caso de Capital Federal se utiliza la 'tasa activa' fijada por el Banco de la Nación Argentina, razón por la cual aparecen muchos interesados en que la morosidad judicial no se resuelva, máxime cuando en la Provincia de Buenos Aires se utiliza la 'tasa pasiva' del Banco Provincia, que asciende al 6,5% anual", explicó Héctor Alejandro García, socio del estudio García, Pérez Boiani & Asociados.

Consecuentemente, remarcó el especialista, "se produce un estímulo para atraer los litigios circundantes a la jurisdicción de la Ciudad que, junto con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Río Negro, aplican la tasa más alta, sin contar con otros casos peculiares y distintivos como es el de Córdoba, donde se usa la pasiva promedio mensual que publica el Banco Central, con más un parámetro constante del 2% nominal mensual". 

"Esta desigualdad para tutelar derechos de carácter alimentario de los trabajadores, según la jurisdicción en la que habiten, no resiste el menor análisis y contribuye a distorsionar el funcionamiento de la administración de Justicia en distritos donde se presenta cierta facilidad para elegir donde litigar, como es el caso de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires", concluyó el experto.

Un dato a tener en cuenta es que se busca evitar el colapso de los tribunales ya que, en los últimos años los reclamos por cada sala de apelaciones subieron de 60 a 300 por mes. Esto hará que muchos empleadores radicados en la Ciudad de Buenos Aires decidan conciliar y evitar la instancia judicial.

Pero, como contrapartida, aumentará la cantidad de empleados que -ante la posibilidad concreta- decidan litigar en la Capital Federal antes que en la provincia de Buenos Aires.

JUBILADOS - IMPUESTO A LAS GANANCIAS

La Cámara Federal de la Seguridad Social ordenóreintegrar a un jubilado las sumas descontadas en concepto de impuesto a las Ganancias sobre haberes retroactivos, confirmaron hoy fuentes judiciales.

Al revocar un fallo de primera instancia, la Sala II de la Cámara sostuvo que los retroactivos adeudados al jubilado están exentos de ese tributo. La resolución del tribunal benefició a Héctor Justino Domingo Bunge, quien, si bien admitió que los haberes de los jubilados están sujetos al Impuesto a las Ganancias, no ocurre lo mismo con importes adeudados correspondientes a actualizaciones dispuestas por la justicia.

La ANSES , por su parte, también había apelado el fallo de primera instancia porque a su criterio no correspondía excluir del impuesto a los intereses que se aplican respecto de los retroactivos previsionales.

La sala II remarcó que "la legislación se ha esmerado en darle a estas sumas dinerariascaracterísticas especiales y un sistema protectorio singular como queda plasmado en el artículo 14 de la ley 24.241".

El tribunal indicó que se aplica de manera analógica la norma impositiva que establece la exención de impuesto a los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como accesorios de créditos laborales.

Agregó que, según ese mismo artículo, "se hallan exentos (del Impuesto a las Ganancias) los montos provenientes de actualizaciones de créditos de cualquier origen o naturaleza".

Para el tribunal, "ninguna duda cabe que la percepción de las acreencias de esta naturaleza no pueden constituir nunca un hecho imponible y menos todavía ser pasible de gravamen alguno, sin colocar en serio riesgo el principio de integralidad del que gozan las prestaciones 

DAÑO MORAL - JUICIO LABORAL

Los juicios laborales en los que se reclama unresarcimiento por daño moral como consecuencia del acoso (laboral o sexual) se van multiplicando día a día. En parte, ésto responde a que, en la actualidad, esas figuras no están reguladas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Sucede que, en caso de no aplicarse una solución al problema, el mismo dependiente podría considerarse despedido y exigir una indemnización, a la que añadirá otro monto equivalente por cuestiones psicológicas.

En la Argentina, si bien el despido se encuentra "tarifado" (un mes de sueldo por año trabajado), lo cierto es que esta fórmulano contempla que un jefe o trabajador pueda aprovecharse de otro empleado, a tal punto de injuriarlo o acosarlo.

Además, la proliferación de estas demandas laborales responde a la tendencia de la Justicia a emitir sentencias favorables a los dependientes.

Actualmente se conocen varios fallos que obligana pagar una indemnización agravada cuando se comprueba que el empleado fue víctima de acoso por parte de un par o de un superior.

Y, en este escenario, los hombres de negociossuelen preguntarse por qué es la empresa la que debe hacer frente a una acción individual de un dependiente que acosa a un compañero. Por ello, los expertos recomiendan tomar muy en serio las políticas que eviten estas contingencias.

En un caso reciente, los jueces condenaron a una compañía tras evaluar las pruebas testimoniales -que fueron un elemento clave durante el litigio- e hicieron lugar a una reparación por daño moral ya que la firma no tomó ninguna medida ante las denuncias de la empleada por acoso por parte de su jefe.

Denuncia no escuchada
La trabajadora era hostigada constantemente por un superior. En determinados momentos de la jornada laboral, se le acercaba y trataba de manosearla. Esta situación se repetía constantemente. Como ella se negaba, su jefe -encargado del área de servicio- le decía "gorda culona, chupame la …".

Un día amenazó con defenderse "metiéndole una trompada" y luego fue a quejarse ante los supervisores. Allí relató que uno de los compañeros le decía al denunciado: "Voltéatela, (…) de una vez y déjate de joder, así la negra esta se deja de quejar, por ahí la conformás". Además, éste se burlaba porque ella era una persona religiosa y practicante.

Luego de una crisis de nervios -que tuvo como consecuencia de la pelea con su superior- la dependiente se consideró despedida.

En su carta documento señaló que había sido víctima, "por lo menos durante los últimos dos años de su trabajo, pese a sus reiteradas quejas formuladas a sus superiores, de acoso sexual a través de sucesivas molestias, bromas de mal gusto y obscenas, desprecios e insultos. Todo esto, con el consentimiento de superiores y directivos de la empresa, ya que nada habían hecho para el cese de las conductas antijurídicas y agraviantes".

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda y ordenó que se indemnice a la trabajadora por el despido, además de un resarcimiento adicional por daño moral. Allí, la jueza le dio relevancia a las declaraciones de los testigos que confirmaron que la empleada fue víctima de acoso sexual y moral, así como también de malos tratos y de una persecución contínua por parte de su jefe.

Para la magistrada, la empresa resultaba responsable por el accionar de quien estaba bajo su dependencia. En su sentencia, escribió que ese "comportamiento hostil y degradante por parte de la empleadora constituyó injuria grave que impidió la prosecución del vínculo laboral de modo que considera legítimo el despido indirecto" en el que se colocó la mujer. Por ello, también entre otros fundamentos, aplicó un resarcimiento por daño moral.

La compañía se quejó ante la Cámara por el valor probatorio que se le otorgó a las declaraciones testimoniales de dos testigos por sobre la de otros. Alegó que aquellos tenían "una enemistad con el encargado" y que ambos declararon que la reclamante informó a los supervisores que sufría acoso sexual por parte del jefe sin que hayan estado presentes en dicho momento.

Para los jueces de la sala VI, en la causa "A. M. A. C/ S. O. D. S. A. y O. s/ d.", no le asistía razón a la empresa porque no cuestionaron ni analizaron adecuadamente los dichos de los testigos teniendo en cuenta el significado integral de las mismas.

En ese punto, indicaron que las personas que recibieron las denuncias trataron de quitarse responsabilidad porque "tuvieron conocimiento del hecho y omitieron arbitrar los medios pertinentes a fin de arribar a la solución del conflicto, además de permitir la persecución que sufrió la dependiente hasta su despido".

La firma se mostró agraviada tanto de la indemnización adicional por los daños y perjuicios derivados del acoso sexual porque, según su criterio, el resarcimiento del artículo 245 de la LCT comprende todos los reclamos contractuales o extracontractuales.

"No se hace cargo (la empleadora) de que quedó acreditado que la empleada sufrió acoso sexual y moral además de molestias y malos tratos, y persecución por parte de un jerárquico de la empresa, que todo ello le causó un grave menoscabo a los legítimos sentimientos de ella,y le creó un entorno lesivo a su dignidad, además de haber quedado afectada en su salud psicológica", indicaron los jueces.

Por otro lado, la compañía remarcó que nunca obró con culpa o dolo y que fue un tercero (el encargado del servicio) a quien se le debe atribuir responsabilidad por el comportamiento humillante y deshonroso que tuvo hacia la trabajadora.

"Le incumbía a la empresa probar su falta de responsabilidad por la conducta acosadora de un dependiente de ella, puesto que se encontraba en mejor posición para informar suficientemente al juez acerca de las condiciones de labores en que se desenvolvían sus empleados", destacaron los magistrados.

Agregaron que "la responsabilidad patronal surge pues no sólo no tomó medidas efectivaspara evitar dicha conducta inapropiada, sino que además se limitó a negar la ocurrencia de esas circunstancias".

Además, destacaron que la pericia psiquiátrica determinó que la dependiente es portadora de una incapacidad por daño psíquico relacionada con los hechos traumáticos vividos.

fraude laboral

Las normas 26.940 y 26.941 establecen nuevas herramientas para disminuir el empleo ilegal, que, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), involucra a más de tres millones de personas.

Las normativas crean un Régimen Especial y Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempresas de Menores Niveles de Productividad y Competitividad con beneficios.

Las compañías incluidas son aquellas que tienen hasta cinco trabajadores, no son sociedades anónimas y ostentan un cierto nivel de facturación anual. El objetivo es disminuir la cantidad de trabajadores que cumplen sus tareas sin aportes ni obra social.

Los beneficios podrán ir desde una reducción en las contribuciones patronales de hasta 50 por ciento de manera permanente hasta un límite en las cuotas que pueden cobrar las ART.

Asimismo, se generará un Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales para incluir a las firmas que no blanqueen a sus trabajadores o contraten niños o adolescentes fuera de los límites legales.

Cabe señalar que las sanciones a las infracciones leves pueden ser apercibimiento laboral o multas de entre el 25 al 150 por ciento del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil.

Por otra parte, las infracciones graves se sancionarán con multas del 30 al 200 por ciento del monto antes mencionado por cada trabajador afectado. Las infracciones muy graves podrán ascender hasta el 2000 por ciento.

Si un empleador reincide en las infracciones, los organismos reguladores podrán clausurar el establecimiento hasta 10 días, pero manteniendo el derecho de los trabajadores al cobro de remuneraciones.